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Líneas rojas en Siria

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El debate sobre una posible intervención militar en Siria ha permitido poner el foco y visibilizar, a escala internacional, la dramática situación que vive el país, la violencia que soporta la población civil, las violaciones de derechos humanos, las atrocidades de la dictadura de Al Assad, el drama humanitario. Ha permitido recordar las intolerables cifras de la violencia en Siria. Hoy Naciones Unidas ha confirmado que se ha traspasado la cifra de 2 millones de refugiados desde que comenzara la guerra civil, en marzo de 2011. Según sus datos, en el conflicto han muerto más de 100.000 personas, y hay ya 4,25 millones de desplazados internos. Un país abierto en canal, en el que 8 millones de personas necesitan ayuda, y cuya tragedia humanitaria sólo es comparable al éxodo de refugiados por el genocidio de Ruanda, hace casi veinte años. Evidentes líneas rojas las que se han traspasado en Siria.

El debate sobre una posible intervención militar ha puesto también de manifiesto la indecisión de la comunidad internacional, su indolencia, y la necesidad urgente de nuevos mecanismos de gobernanza mundial.

Seré clara en mi posición. Una intervención militar unilateral en Siria, aunque fuera limitada, –que hoy apenas apoyan EEUU, Francia, y algunos países del Golfo-, no tendrá ningún efecto positivo sobre las cuestiones realmente importantes: poner fin a la violencia, y proteger a la población civil. Tampoco sobre las claves políticas que representa Siria en Oriente Medio, y en sus relaciones con los países vecinos. Más bien al contrario, servirá de combustible en el complejo escenario regional. Hay pocas dudas de que la intervención no servirá para frenar las atrocidades del régimen sirio. Y muchas certezas sobre los numerosos efectos contraproducentes que conlleva: en primer lugar, la ausencia de legalidad internacional -y el consiguiente debilitamiento de un multilateralismo en crisis evidente-; o la oposición de los Parlamentos y las opiniones públicas europeas y estadounidenses -que no olvidan el enorme error y las nefastas consecuencias de la guerra de Irak-, además de latinoamericanas o asiáticas.

Pero la acción –urgente, imprescindible, ética- no es sinónimo de intervención militar. Hay que actuar, sin duda, pero utilizando la vía política y diplomática, generando un consenso internacional, con Rusia y China, que presione a las partes en conflicto para que se sienten a negociar. Esta es la única acción que puede tener alguna eficacia. Una acción concertada, política, de presión firme y sostenida. La próxima Cumbre del G20, el jueves en San Petersburgo, debería empeñar parte de su esfuerzo en abrir este escenario.

La vía militar, que algunos consideran inevitable, parece la crónica de un fracaso anunciado. Y rechazarla, por cierto, no significa apoyar el régimen execrable de Al Assad, sino construir sobre lecciones aprendidas, fortalecer la legalidad internacional y, sobre todo, poner en primer lugar la protección de la población civil siria. Con ella se han traspasado todas las líneas rojas.

Vidas interrumpidas en Siria

Siria

Hace unos días, el blog de 20 Minutos Mas de la mitad nos acercó, a través de un honesto post de la responsable de campañas de Oxfam, Claire Seaward, a los sentimientos de algunas mujeres sirias refugiadas, y a su relato de una vida interrumpida, sin trabajo, sin hogar, sin expectativas, apenas sin esperanza para ellas y, sobre todo, para sus hij@s.

Desde que comenzó el conflicto, 1,8 millones de personas (más de la mitad mujeres y niñ@s) han tenido que abandonar Siria para encontrar seguridad en los países vecinos; y otros 4,25 millones de personas son desplazados internos, y se han visto obligados a huir de sus hogares para tratar de encontrar un lugar seguro para vivir.

Naciones Unidas ha confirmado que han muerto más de 100.000 personas desde que comenzó la guerra civil, en marzo de 2011, y estima que casi 8 millones de personas (en un país de 18 millones de habitantes) necesitan ayuda. En los países vecinos como Jordania, Líbano, Turquía o Irak, hay ya registrados más de 1,4 millones de refugiados sirios. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, no se ha visto un éxodo de refugiados a un ritmo tan alarmante desde el genocidio de Ruanda, hace casi veinte años. La población del Líbano se ha incrementado en un 10%, y la de Jordania en un 6%, y los países vecinos comienzan a estar al límite de su capacidad de acogida.

El drama de los refugiad@s, una de las caras menos visibles de la guerra, es el de una vida interrumpida sine die. Y sin embargo, su impacto colectivo sobre el presente y el futuro del país es enorme. Niños y niñas que han tenido que dejar su escuela, sus libros, sus aprendizajes, sus juegos. Como señala UNICEF, que cifra en 4 millones el número de niños y niñas afectados por  la violencia en el país, el conflicto sirio es una de las crisis más graves que afectan a la infancia en todo el mundo, poniendo en peligro a toda una generación.

La celebración de una Cumbre Internacional en Ginebra para que las partes en conflicto se sienten a negociar una salida política constituye el único camino posible para lograr el fin de la violencia en el país.  Mientras esa negociación no se produce, la dimensión del conflicto no deja de agravarse –con efectos e impactos de carácter regional-,  y el drama y la emergencia humanitarias se hacen insoportables, y cada día más difíciles de abordar.

La presión –en particular la de EEUU y Rusia, pero también de la Unión Europea- sobre las partes debe intensificarse, convirtiéndose en una auténtica prioridad para el conjunto de la comunidad internacional.  La capacidad de la sociedad civil para contribuir a esta negociación no es pequeña. No hay nada que ayude más a los gobiernos en su acción exterior que la demanda articulada de sus opiniones públicas.  Intermón Oxfam ha puesto en marcha una campaña para urgir a los Presidentes Obama y Putin a que pongan todo su empeño y esfuerzo diplomáticos en lograr esa negociación. Sumarse a ella es añadir voluntades en esa dirección.

Hay muchas vidas interrumpidas para las que ese camino es la única esperanza.

Inversiones positivas, empresas sostenibles

intermon oxfam

Intermon Oxfam ha vuelto a presentar uno de sus magníficos Informes, aportando, con su habitual rigor, información sustantiva, y propuestas concretas encaminadas a mejorar las actuaciones que analiza. Se trata, en esta ocasión, de un trabajo sobre la acción de las empresas españolas fuera de nuestras fronteras, y sus recomendaciones no sólo van dirigidas a las organizaciones empresariales, sino también al gobierno español y a la ciudadanía. El Informe “La empresa española y los derechos humanos. Claves para una internacionalización responsable” es francamente recomendable. Aporta valor a empresas, gobierno y ciudadan@s, y no podía ser más oportuno.

La Organización lo presentó el pasado 12 de junio, en un contexto, como el propio informe señala, en el que el peso de la internacionalización en la economía española alcanza ya el 42% del PIB. Un momento en el que el gobierno español está poniendo en marcha una estrategia para promover la Marca España como elemento que contribuya a superar la crisis económica. Un momento en el que la ciudadanía exige de sus empresas, y de los productos que comercializan, un compromiso ético.

Como señala el Informe, hay empresas que invierten de manera sostenible, con beneficio para las comunidades en las que operan, y otras cuya actuación vulnera los criterios éticos y de responsabilidad.

La sostenibilidad no es sólo un objetivo ético, que contribuye al desarrollo y al progreso de las personas en las que la actividad de las empresas tiene impacto. También debe serlo de negocio. Una inversión responsable mejora la valoración de la empresa, su reputación y, con ella, sus ventas. Una inversión transparente es una garantía para que l@s ciudadan@s sepan qué hay detrás de los productos que consumen. Una inversión positiva es un motor de cambio en las zonas  rurales. Una inversión responsable crea empleo de  calidad, acerca tecnología y conocimientos a zonas deprimidas, actúa como multiplicador en las economías locales y, en definitiva, contribuye a reducir la  pobreza.

Como bien señala el Informe, las empresas que inviertan con prácticas sostenibles y políticas de protección de los derechos humanos, serán las mejores embajadoras de la Marca España.  El gobierno español tiene una oportunidad única para, incorporando en su marco normativo las nuevas disposiciones dirigidas a las empresas que adoptará la UE en materia de derechos humanos, convertir estos principios en tarjeta de presentación de su política exterior, y en elemento esencial de la Marca España, como elemento diferenciador de las empresas españolas, como marca propia de nuestras empresas en el exterior. El gobierno dispone de un importante instrumento para alentar a las empresas españolas en esta dirección, a través del sustantivo paquete de créditos a la internacionalización, cifrado en 4.215 millones de euros para 2013.

El Informe de Intermón Oxfam no sugiere que las empresas se conviertan en entidades benéficas. Lo que afirma, con acierto, es que ser un buen negocio, y ser bueno para la sociedad no sólo no son incompatibles, sino que añaden valor al propio negocio, tanto en los intangibles como la reputación o la imagen de la empresa, como en la cuenta de resultados.  Negocio y compromiso social van ya unidos. Gestionar una crisis de reputación siempre es más costoso y difícil que aplicar criterios de sostenibilidad a la gestión empresarial.  Invertir bien es ético, es responsable, revierte en la reputación de la empresa, e incrementa el negocio. Y, además, contribuye a reducir la pobreza y la desigualdad. No se puede pedir más.

Bangladesh, la urgencia de la ética de la responsabilidad

Ayer se cumplió un mes de la muerte de, al menos, 1.127 personas en el edificio Rana Plaza del suburbio de Savar en Daca, la capital de Bangladesh. El edificio de ocho plantas, en el que funcionaban cinco talleres textiles, se derrumbó el 24 de abril debido a fracturas en su estructura. El día anterior a la tragedia, se había alertado sobre la posibilidad de un colapso del edificio, recomendación que los empleadores ignoraron, amenazando con el despido a los trabajadores que no acudieran a su puesto de trabajo. Hay casi 2.500 personas heridas.

Bajo los escombros del edificio Rana Plaza, Nasima, de 24 años, pasó cuatro días enterrada antes de ser rescatada. A Shapla, de 19 años, le amputaron el brazo izquierdo en el mismo lugar del accidente. Razia, de 21 años, sufre tanto dolor que en el hospital pide a gritos morir. Marian, de 25 años, tiene los brazos y las piernas destrozadas.

En Bangladesh, la industria textil – en la que trabajan más de 3 millones de personas (el 90% mujeres) en casi 4.000 fábricas- representa el 78% de sus exportaciones, y es el sector que genera más divisas -unos 20.000 millones de dólares al año-, en un país de 150 millones de habitantes en el que dos tercios de la población se dedican a la agricultura. Las compañías comenzaron a instalarse en el país asiático en 1980, atraídos por la mano de obra barata –el salario mínimo de los trabajadores del sector es el más bajo del mundo, con 38 dólares- y los bajos impuestos.

Tras la tragedia y las manifestaciones de miles de trabajadores durante más de dos semanas reclamando mejores condiciones, el gobierno bangladeshí ha aprobado algunas medidas, incluido un Acuerdo para la Seguridad de los Edificios y contra el Fuego, suscrito el pasado 15 de mayo. Las autoridades, que han comenzado a implantar estándares de seguridad en casi 950 fábricas del país en las que se ha considerado que existían riesgos, han cerrado ya 18 fábricas. Sin duda, el gobierno bangladeshí es una de las partes que tiene que asumir responsabilidades, y promover un cambio que asegure la dignidad de las condiciones de trabajo en su país.

En el edificio Rana Plaza del suburbio de Savar en Dacar, tenían sus talleres textiles varias compañías transnacionales como Benetton, Primark, H&M, Mango, Gap, o El Corte Inglés. En un mundo global, deslocalizar, en países en desarrollo, la producción que se vende en el primer mundo resulta obscenamente rentable en términos económicos. Sin embargo, contratar la producción con proveedores que respeten la seguridad y los derechos laborales es una elección, y por tanto una responsabilidad.  Supervisar toda la cadena, que en ocasiones incluye subcontrataciones de subcontrataciones, no es sólo una obligación ética, sino una fortaleza para el coste intangible que representa la imagen o la reputación de la empresa. En la sociedad red, los consumidores son cada vez más influyentes, y las grandes corporaciones más vulnerables al rechazo social. Nike y Adidas divulgan hoy los nombres de sus proveedores en el extranjero, después de conocerse, a mediados de los años 90, que sus productos eran fabricados en Pakistán por niños y niñas, en algunos casos menores de seis años.

La tragedia del edificio Rana Plaza en el suburbio de Savar en Daca, capital de Bangladesh, ha mostrado al mundo las condiciones en las que viven y trabajan las miles de personas que cosen la ropa que compramos en este lado del planeta. Ninguna de estas muertes tiene sentido, pero quizá puedan contribuir a que más personas en el mundo, más gobiernos, y más empresas asuman un nuevo y urgente paradigma de sostenibilidad como espacio de convergencia entre la viabilidad económica, la equidad social, y el equilibrio medioambiental. Esto requiere de cambios en la forma de producir. Como señalan Antoni Gutiérrez-Rubí y Juan Freire en su libro Manifiesto Crowd. La empresa y la inteligencia de las multitudes, en el siglo XXI, negocio e implicación social forman parte de una misma estrategia. Algunas empresas están transitando ese camino, en particular las pequeñas y medianas, que podrían ser un ejemplo de cómo se puede crear valor compartido a corto, medio y largo plazo.

Pero la sostenibilidad también requiere de cambios en la forma de consumir. Los consumidores no sólo tenemos que exigir y adquirir productos hechos con respeto a la dignidad de las personas, sino también cambiar nuestras pautas de consumo, aproximándolas a nuestras verdaderas necesidades.

PD. Agradezco a @MartAriasRobles su acertado post, Un edificio en Bangladesh, que en buena medida ha inspirado éste.

La contradictoria voluntad de Brasil de ser un actor global

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Ejercer un liderazgo en el escenario internacional depende, en primer lugar, de la capacidad para hacerlo (en términos, fundamentalmente, de tamaño, influencia y alianzas políticas, y peso económico), pero también de la voluntad para asumir los costes que conlleva jugar un papel que no resulta sencillo, que no siempre es beneficioso –o al menos que lo es siempre en términos relativos- y que acarrea notables costes económicos.

Sin capacidad, los intentos de ejercer el liderazgo son puro voluntarismo. Pero sin voluntad, ningún liderazgo puede emerger y consolidarse. Querer no siempre es poder. Pero, si no se quiere, será irrelevante si se puede.

No cabe duda de que Brasil es hoy, por su población, tamaño, y peso económico y político, un país con capacidad para ejercer no sólo un liderazgo regional sino, también, global en el escenario internacional. Su relevancia es evidente: ha cerrado 2011 como sexta economía del mundo, es un activo miembro del G20, es país líder en la lucha contra el hambre y la pobreza en el mundo.

La reivindicación, que no es reciente, de contar con un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y de mejorar su presencia en los órganos directivos de las instituciones financieras multilaterales (Fondo Monetario Internacional, y Banco Mundial) para adaptarla a su peso actual, podrían ser consideradas como muestras evidentes de la voluntad de jugar un papel global.

Sin embargo, a pesar de su rotunda relevancia en el escenario internacional, promovida asimismo por su potente diplomacia, no está claro que, efectivamente, Brasil desee y esté dispuesto a ejercer un liderazgo global. Esto es, lo persiga genuina y consecuentemente, y asuma la implicación que supone, incluido el posicionamiento en los grandes temas globales con una visión amplia, y no sólo nacional, así como los costes políticos y económicos de promover y defender, ante y con sus aliados naturales, sus socios regionales y otros actores globales, esa visión global..

De hecho, a través de muchas de sus autoridades y representantes políticos, Brasil ha afirmado, explícitamente, “no querer ser líder” –ni en la región ni en el escenario global-, sino “ser tratado como igual”. Lo cual encierra, en sí mismo, una contradicción.

Lo que más bien parece plantear Brasil es una aspiración a ser reconocido como un país con derecho a tomar las decisiones que considere más oportunas para la defensa de sus intereses nacionales, tanto en términos económicos como políticos. Esto últimos pueden incluir (al menos lo han hecho con los liderazgos de Lula da Silva y, quizá en menor medida, con el actual de Dilma Rousseff) una contribución sólida a la defensa de los bienes públicos globales como la paz y la seguridad, el impulso a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la defensa del medio ambiente, el multilateralismo eficaz, o el desarrollo sostenible.

Esta aspiración brasileña de liderazgo “relativo” pero fuerte podría, quizá, tener mayor posibilidad de materializarse si Brasil y México –el segundo país más importante de América Latina y que se identifica como uno de los nuevos países emergentes o MIST (con Indonesia, Corea del Sur y Turquía)- fueran capaces no sólo de superar una tradicional rivalidad y recelo mutuo, sino de sumar sus relevancias, promover intereses compartidos, y encontrar terrenos comunes en asuntos que puedan reforzar su posición internacional mientras fortalecen intereses nacionales y regionales. Una alianza entre Brasil y México podría no sólo multiplicar su relevancia global de manera individual sino, quizá, ser el único camino para  afianzarla.

Ernesto Zedillo: globalización de la economía y localidad de la política

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El pasado 28 de febrero asistí a la XV Conferencia de la Fundación Francisco Fernández Ordóñez (CAFFO), que este año tuvo como invitado al ex Presidente mexicano Ernesto Zedillo.  Introducido por Emilio Casinello, ex Embajador en México y Director del Centro de Toledo para la Paz (CITpax), y presentado por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo, Zedillo disertó sobre “Globalización de la economía y localidad de la política: algunas consecuencias de este desafortunado desfase”.

Ernesto Zedillo, que tuvo que gestionar, a su llegada a la presidencia mexicana en diciembre de 1994, la crisis económica cuyos efectos internacionales fueron conocidos como el llamado Efecto Tequila”, señaló sin ambages la falta de voluntad política de los países miembros del G20 para cumplir con los cuatro principales compromisos asumidos en las sucesivas Cumbres que, tras la caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008, reunieron a los líderes mundiales en Washington, Londres, y Pittsburgh: la reforma del sistema financiero global, la de los organismos financieros multilaterales (el FMI y el Banco Mundial), el compromiso de concluir la Ronda de Doha sobre comercio en 2010, y una mayor coordinación de políticas económicas.

Zedillo expresó clara y rotundamente su análisis: “no se hizo nada de lo acordado en el G20”, “Kioto ha sido un fracaso”, “la Ronda de Doha no va”, y “existen desequilibrios macroeconómicos peligrosos (exceso de superávit en algunos países, exceso de déficits en otros) que generan shocks de la globalización y complican enormemente la capacidad del multilateralismo” para dar respuesta a estos desafíos. La respuesta internacional a la crisis, señaló, ha sido un fracaso. Se acordaron los instrumentos -con los que no se contaba en anteriores crisis- pero faltó la voluntad política para cumplir con los compromisos asumidos.

En su intervención Zedillo advirtió que, si no se abordan fórmulas de gobernabilidad mundial –que no se atisban-, podemos ir hacia una situación de catástrofe, y a una nueva crisis (cuando aún no hay recuperación de la que estalló en 2008) de proporciones aún mayores que la actual, pues no se han hecho las profundas y necesarias reformas en el sistema internacional.

De nuevo, es la voluntad política la que da la medida de cómo pueden darse respuestas y resolverse los desafíos de este mundo interdependiente y globalizado. ¿Qué más tiene que pasar para que los dirigentes políticos decidan aplicar las decisiones comprometidas? ¿Cuantos empleos se han de perder, cuántas personas más han de empobrecerse para asumir que hay que actuar, y que hay que hacerlo ya? ¿Será el medio ambiente una víctima más de la crisis? ¿No está sobradamente demostrado -como reconoció el propio Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación español -que las medidas de austeridad no resolverán la crisis?

Los grandes desafíos globales como la crisis económica y financiera internacional, el cambio climático, los problemas de narcotráfico y crimen organizado transnacional, el hambre y la pobreza, sólo pueden ser abordados desde una perspectiva común y multilateral. Pero el verdadero problema no es encontrar y diseñar mecanismos globales, sino comprometer la voluntad política necesaria para implementarlos.

Sin voluntad política, los compromisos son papel mojado. Lograr un sistema global capaz de afrontar los desafíos y los shocks de la globalización económica no sólo es conveniente, sino que es necesario y urgente. A las amenazas y desafíos existentes y a los desequilbrios profundos, hay que sumar la desafección de la ciudadanía hacia la política y los representantes políticos.  Que los líderes mundiales no sean capaces de cumplir con los compromisos asumidos, alimenta esta distancia, cada día mayor.

Zedillo apuntó, como otra de las consecuencias del desfase entre la globalización económica y la falta de respuestas políticas globales, la incapacidad de los gobiernos de crear una nueva relación con los ciudadanos, de pactar nuevos acuerdos, adaptando el sistema democrático a la toma de decisiones internacionales. De hacer política y ciudadanos cosmopolitas.

Es la política, sí, siempre es la política.

Ecuador: ¿cohesión social versus democracia?

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Mañana, 17 de febrero, los ecuatorianos votarán para elegir Presidente para los próximos cuatro años. Hay pocas dudas, según todos los análisis y los datos que arrojan las encuestas, de que Rafael Correa, en el cargo desde noviembre de 2006 (reelegido en 2009), logre de nuevo el apoyo mayoritario. Su popularidad roza el 80%. Falta saber si su victoria se producirá en primera o en segunda vuelta. Se cifra en un 30% el número de indecisos.

Entre los factores que explican las buenas perspectivas de Rafael Correa destaca la notable reducción de la brecha de desigualdad social que se ha venido produciendo durante sus ocho años de gobierno. La tasa de pobreza extrema ha disminuido significativamente de un 40% en 2001 a un 16,5% en 2010. Aunque en las zonas rurales (donde vive un 38% de la población), todavía el 40% vive en condiciones de pobreza.

El desempleo se ha reducido al nivel más bajo de la historia del país, y se cifra en torno al 5%. El alto precio del petróleo, la principal fuente de ingresos del país, ha permitido mantener una fuerte inversión social y en infraestructuras. Esta agenda social ha sido una constante del gobierno de Correa. En los primeros cien días de su primer gobierno, Rafael Correa dobló las ayudas a las familias más pobres y aumentó los subsidios en materia de vivienda, electricidad, y gas, entre otros. El Bono de Desarrollo Humano, que reciben casi 2 millones de personas (en un país de 14 millones aproximadamente) se ha incrementado en los últimos meses de 35 a 50 dólares USA. El salario básico se ha incrementando recientemente de 292 a 318 dólares USA, así como el Bono Vivienda, que se aumentó de 5000 a 6000 dólares para adquirir una vivienda de hasta 15000 dólares.

Rafael Correa llegó a la presidencia de la República en un momento en el que la brecha entre la sociedad civil y los partidos políticos, la desconfianza y el desprestigio de las instituciones, y el hartazgo de la población frente a un Estado incapaz de dar respuestas a los problemas del país no hacían más que profundizarse. Ocho Presidentes en apenas una década. Una profunda crisis de gobernabilidad, un modelo político, social y económico agotados, amplios sectores de la población en situación de exclusión social y de pobreza o pobreza extrema, y una democracia débil componían el escenario en el que Rafael Correa, en una campaña electoral ascendente, recibió el apoyo mayoritario en noviembre de 2006.

Con un mensaje populista de rechazo a la élite política tradicional, de cambio del modelo político e institucional (de “refundación” del Estado), y de inclusión social y económica, Rafael Correa ganó las elecciones de forma inesperada, tras una campaña en la que los pronósticos iniciales apuntaban a una disputa en segunda vuelta entre el candidato del centro-izquierda León Roldós, y el populista de derechas Álvaro Noboa, el empresario bananero más rico del país (candidato, de nuevo, en las elecciones de mañana).

Ser un político sin partido le supuso a Correa una excelente baza electoral. Recogió, junto con un voto ávido de cambio, el voto de rechazo hacia la clase política tradicional, corrupta e inoperante. Correa se identificó como el “candidato del pueblo” frente a los candidatos de las élites. Ser un outsider fue su gran carta de presentación.

Tras ocho años de mandato, el principal eje de su campaña electoral y elemento movilizador ha sido, de nuevo, el rechazo a la clase política, la “partidocracia”, a pesar de que la mayoría de los partidos y actores políticos tradicionales han desaparecido de la escena política. Conseguir una amplia mayoría en la Asamblea Legislativa que le permita actuar sin contrapesos, su objetivo fundamental.

La importante agenda social del Presidente Correa no ha venido acompañada de cuidados a la maltrecha democracia ecuatoriana. La institucionalidad no sólo no se ha fortalecido, sino que se ha debilitado desde dentro. Los espacios de pluralidad política se han venido achicando en el país a lo largo de estos ocho años. La concentración de poder en el Presidente – que muchos denominan “hiperpresidencialismo”-; las amplias mayorías de Alianza País –el partido oficial- tanto en la Asamblea Constituyente que elaboró la nueva Constitución de 2008, como en la Asamblea Legislativa; la falta de diálogo y el hostigamiento a la oposición; los continuos ataques a los medios de comunicación críticos con el gobierno; y una relación de enfrentamiento con las ONGS lo ilustran. La polarización social, alentada y alimentada por el gobierno, es notable.

Aunque el Presidente Correa disfruta de una popularidad que ronda el 80%, ha ido perdiendo, progresivamente, apoyos de importantes sectores sociales que le acompañaron en sus inicios: los movimientos indígenas, los movimientos sociales, los académicos e intelectuales críticos con la antigua clase política. El Referéndum de mayo de 2011 (con el que se introdujeron controles al poder judicial y a los medios de comunicación) que Correa ganó por un estrecho margen, visibilizó está pérdida de apoyos a su proyecto político de “Revolución Ciudadana”.

La agenda de desarrollo y de inclusión social impulsada por el Presidente Correa ha logrado importantes avances en términos de reducción de la pobreza extrema y de la pobreza, disminuyendo la brecha social en el país. Sin embargo, el debilitamiento de la pluralidad democrática, y por tanto de la democracia, son evidentes.Así también ha sucedido en otros países de la región, pero también hay ejemplos, como Brasil, en los que el fortalecimiento democrático y una agenda de inclusión social son términos de una ecuación de éxito.

Aglutinar a la sociedad en torno a un proyecto político, sumar voluntades para impulsar la cohesión social y el progreso de una mayoría de la sociedad, cultivar el diálogo con la oposición, garantizar la máxima pluralidad de los medios de comunicación, y la separación de poderes son elementos esenciales de una democracia fuerte y sana. Sería muy deseable que Ecuador, que ha logrado notables avances en términos sociales, aprovechara estos próximos cuatro años para, sin abandonar una agenda de inclusión social que ha llegado para quedarse, recorrer también el camino del fortalecimiento democrático.