Archivo de la categoría: América Latina

Gobernanza, un espacio para el debate

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Hace unos días se publicó el último número de la Revista Gobernanza, publicación digital de la Asociación Internacional para la Gobernanza, la Ciudadanía y la Empresa (AIGOB) con la que tengo el honor y el placer de colaborar.

Gobernanza es un revista política, que analiza la actualidad con planteamientos críticos, fomentando el debate y la generación de ideas. Aborda temas de política internacional -en particular sobre América Latina-, política local, y Responsabilidad Social Corporativa, entre otros, con el objetivo de impulsar y fortalecer la cultura democrática del siglo XXI, y mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad, y por tanto de l@s ciudadan@s.

Además del honor de compartir espacio con autor@s prestigiosos como F. Xavier Ruiz Collantes, Moisés Naim, Peter Hakim, o Juli Ponce, la publicación. abierta a la colaboración, me permite escribir e intercambiar opinión sobre algunos de los temas que más nos ocupan y preocupan en estos tiempos: transparencia, democracia, participación política de las mujeres, derechos humanos, o tendencias políticas en América Latina.  

En esta ocasión colaboro con un artículo sobre las reformas que está impulsando el nuevo gobierno mexicano liderado por el Presidente Peña Nieto, a través del Pacto por México, el gran acuerdo entre las principales fuerzas políticas mexicanas, para sacar adelante reformas de calado que ayuden a resolver algunos de los problemas estructurales que enfrenta el país, como la desigualdad, la pobreza, o la educación. 

En estos tiempos en los que nuestro país atraviesa una de las crisis económicas y políticas más profundas de las últimas décadas, y en particular en un día como el de hoy, en el que conocemos nuevos datos sobre la corrupción política, un espacio para el debate abierto y plural como el que ofrece la Revista Gobernanza se me antoja imprescindible. Sólo el análisis honesto, riguroso y plural, en las antípodas de la manipulación, la simplificación y la frivolidad, puede sentar las bases de una cultura democrática abierta, propositiva y cercana a l@s ciudadan@s. Una cultura democrática del siglo XXI.

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Informe 2013 sobre la libertad de prensa en el mundo

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Desde 2002, Reporteros sin Fronteras viene analizando anualmente el estado de la libertad de información en el mundo. En aquella primera Clasificación Mundial, realizada sobre un total de 139 países, la organización señalaba que la libertad de prensa “no era un privilegio de los países ricos”, pues países como Benín se situaban entre los mejor clasificados. Por el contrario, este año Japón, la tercera economía del mundo, ha perdido 31 puestos, colocándose en el lugar 53 de la tabla, debido a la gestión opaca de la crisis nuclear de Fukushima.

La Clasificación Mundial 2013 analiza la libertad de prensa de periodistas y netciudadanos en un total de 179 países. Finlandia, Países Bajos y Noruega siguen manteniendo las primeras posiciones en el respeto escrupuloso de esta libertad, como también de otros derechos fundamentales. 

El informe sitúa a los BRICS, a excepción de Sudáfrica,  en posiciones bajas o muy bajas en la clasificación. Brasil, en el lugar 108, continúa su caída, iniciada en 2012, en buena medida debido a la persistente falta de pluralismo de los medios de comunicación. Rusia, en el puesto 148, pierde varias posiciones tras la vuelta a la presidencia de Vladimir Putin y su política represiva contra la oposición, sumada a la situación de impunidad ante los asesinatos y agresiones a periodistas, que se perpetúa en el país. India, donde también crece el clima de impunidad, y se mantiene la censura en la red, se encuentra, con el puesto 140, en su peor nivel desde 2002. China, en el lugar 173, no mejora: junto a la permanente censura en internet, un gran número de periodistas y netciudadanos son encarcelados. Por el contrario, el último en incorporarse a los BRICS, Sudáfrica, conserva un buen lugar -como bien señala Reporteros sin Fronteras, la libertad de prensa es una realidad en el país -, con el puesto 52, aunque ha ido retrocediendo anualmente hasta salir, por primera vez, del grupo de los 50 países mejor clasificados.

Entre los avances a destacar, ligados a la recuperación de la estabilidad política y los primeros pasos de apertura de las libertades fundamentales, dos países africanos: Malaui (que avanza del puesto 146 al 75 actual);  y Costa de Marfil  (que avanza 63 puestos, situándose en el 96);  y dos asiáticos, Myanmar (que pasa del 169 al 151 de la tabla, con las primeras y tímidas medidas de apertura democrática), y Afganistán (que avanza 22 puestos, situándose en el 128), cuyo ascenso se explica por el hecho de que no haya periodistas encarcelados en el país.

Aunque los países de la Unión Europea, Estados Unidos (en el puesto 32) y Canadá (en el 20, aunque baja 10) se siguen ubicando en los 50 primeros puestos de la clasificación, la libertad de prensa sigue retrocediendo en Grecia, Italia, y Hungría. La profunda crisis social y económica, además de política, que sitúa a Grecia en el puesto 84 de la clasificación, impacta también a los periodistas, expuestos a la violencia de los grupos extremistas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En Italia, situada en el puesto 57, a la penalización de la difamación hay que sumar la ley mordaza, que prohíbe la difusión de documentación relativa a las conversaciones telefónicas o de correo electrónico. Hungría, en el puesto 56, ha venido constriñendo la libertad de prensa con la ley aprobada en 2010, que permite retirar licencias y cerrar medios de comunicación.

España, en el puesto 36, gana 3 respecto a 2012, pero aún se mantiene a distancia de buena parte de los socios europeos (países nórdicos, Luxemburgo, Austria, Irlanda o Alemania), si bien está cercana a Portugal, Reino Unido y Francia (situados en los puestos 28, 29 y 37, respectivamente).

Una vez más, la libertad de prensa es un buen indicador de la calidad democrática, y/o de la falta de los mínimos derechos y libertades fundamentales en aún demasiados países del mundo.

La contradictoria voluntad de Brasil de ser un actor global

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Ejercer un liderazgo en el escenario internacional depende, en primer lugar, de la capacidad para hacerlo (en términos, fundamentalmente, de tamaño, influencia y alianzas políticas, y peso económico), pero también de la voluntad para asumir los costes que conlleva jugar un papel que no resulta sencillo, que no siempre es beneficioso –o al menos que lo es siempre en términos relativos- y que acarrea notables costes económicos.

Sin capacidad, los intentos de ejercer el liderazgo son puro voluntarismo. Pero sin voluntad, ningún liderazgo puede emerger y consolidarse. Querer no siempre es poder. Pero, si no se quiere, será irrelevante si se puede.

No cabe duda de que Brasil es hoy, por su población, tamaño, y peso económico y político, un país con capacidad para ejercer no sólo un liderazgo regional sino, también, global en el escenario internacional. Su relevancia es evidente: ha cerrado 2011 como sexta economía del mundo, es un activo miembro del G20, es país líder en la lucha contra el hambre y la pobreza en el mundo.

La reivindicación, que no es reciente, de contar con un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y de mejorar su presencia en los órganos directivos de las instituciones financieras multilaterales (Fondo Monetario Internacional, y Banco Mundial) para adaptarla a su peso actual, podrían ser consideradas como muestras evidentes de la voluntad de jugar un papel global.

Sin embargo, a pesar de su rotunda relevancia en el escenario internacional, promovida asimismo por su potente diplomacia, no está claro que, efectivamente, Brasil desee y esté dispuesto a ejercer un liderazgo global. Esto es, lo persiga genuina y consecuentemente, y asuma la implicación que supone, incluido el posicionamiento en los grandes temas globales con una visión amplia, y no sólo nacional, así como los costes políticos y económicos de promover y defender, ante y con sus aliados naturales, sus socios regionales y otros actores globales, esa visión global..

De hecho, a través de muchas de sus autoridades y representantes políticos, Brasil ha afirmado, explícitamente, “no querer ser líder” –ni en la región ni en el escenario global-, sino “ser tratado como igual”. Lo cual encierra, en sí mismo, una contradicción.

Lo que más bien parece plantear Brasil es una aspiración a ser reconocido como un país con derecho a tomar las decisiones que considere más oportunas para la defensa de sus intereses nacionales, tanto en términos económicos como políticos. Esto últimos pueden incluir (al menos lo han hecho con los liderazgos de Lula da Silva y, quizá en menor medida, con el actual de Dilma Rousseff) una contribución sólida a la defensa de los bienes públicos globales como la paz y la seguridad, el impulso a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la defensa del medio ambiente, el multilateralismo eficaz, o el desarrollo sostenible.

Esta aspiración brasileña de liderazgo “relativo” pero fuerte podría, quizá, tener mayor posibilidad de materializarse si Brasil y México –el segundo país más importante de América Latina y que se identifica como uno de los nuevos países emergentes o MIST (con Indonesia, Corea del Sur y Turquía)- fueran capaces no sólo de superar una tradicional rivalidad y recelo mutuo, sino de sumar sus relevancias, promover intereses compartidos, y encontrar terrenos comunes en asuntos que puedan reforzar su posición internacional mientras fortalecen intereses nacionales y regionales. Una alianza entre Brasil y México podría no sólo multiplicar su relevancia global de manera individual sino, quizá, ser el único camino para  afianzarla.

Ernesto Zedillo: globalización de la economía y localidad de la política

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El pasado 28 de febrero asistí a la XV Conferencia de la Fundación Francisco Fernández Ordóñez (CAFFO), que este año tuvo como invitado al ex Presidente mexicano Ernesto Zedillo.  Introducido por Emilio Casinello, ex Embajador en México y Director del Centro de Toledo para la Paz (CITpax), y presentado por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo, Zedillo disertó sobre “Globalización de la economía y localidad de la política: algunas consecuencias de este desafortunado desfase”.

Ernesto Zedillo, que tuvo que gestionar, a su llegada a la presidencia mexicana en diciembre de 1994, la crisis económica cuyos efectos internacionales fueron conocidos como el llamado Efecto Tequila”, señaló sin ambages la falta de voluntad política de los países miembros del G20 para cumplir con los cuatro principales compromisos asumidos en las sucesivas Cumbres que, tras la caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008, reunieron a los líderes mundiales en Washington, Londres, y Pittsburgh: la reforma del sistema financiero global, la de los organismos financieros multilaterales (el FMI y el Banco Mundial), el compromiso de concluir la Ronda de Doha sobre comercio en 2010, y una mayor coordinación de políticas económicas.

Zedillo expresó clara y rotundamente su análisis: “no se hizo nada de lo acordado en el G20”, “Kioto ha sido un fracaso”, “la Ronda de Doha no va”, y “existen desequilibrios macroeconómicos peligrosos (exceso de superávit en algunos países, exceso de déficits en otros) que generan shocks de la globalización y complican enormemente la capacidad del multilateralismo” para dar respuesta a estos desafíos. La respuesta internacional a la crisis, señaló, ha sido un fracaso. Se acordaron los instrumentos -con los que no se contaba en anteriores crisis- pero faltó la voluntad política para cumplir con los compromisos asumidos.

En su intervención Zedillo advirtió que, si no se abordan fórmulas de gobernabilidad mundial –que no se atisban-, podemos ir hacia una situación de catástrofe, y a una nueva crisis (cuando aún no hay recuperación de la que estalló en 2008) de proporciones aún mayores que la actual, pues no se han hecho las profundas y necesarias reformas en el sistema internacional.

De nuevo, es la voluntad política la que da la medida de cómo pueden darse respuestas y resolverse los desafíos de este mundo interdependiente y globalizado. ¿Qué más tiene que pasar para que los dirigentes políticos decidan aplicar las decisiones comprometidas? ¿Cuantos empleos se han de perder, cuántas personas más han de empobrecerse para asumir que hay que actuar, y que hay que hacerlo ya? ¿Será el medio ambiente una víctima más de la crisis? ¿No está sobradamente demostrado -como reconoció el propio Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación español -que las medidas de austeridad no resolverán la crisis?

Los grandes desafíos globales como la crisis económica y financiera internacional, el cambio climático, los problemas de narcotráfico y crimen organizado transnacional, el hambre y la pobreza, sólo pueden ser abordados desde una perspectiva común y multilateral. Pero el verdadero problema no es encontrar y diseñar mecanismos globales, sino comprometer la voluntad política necesaria para implementarlos.

Sin voluntad política, los compromisos son papel mojado. Lograr un sistema global capaz de afrontar los desafíos y los shocks de la globalización económica no sólo es conveniente, sino que es necesario y urgente. A las amenazas y desafíos existentes y a los desequilbrios profundos, hay que sumar la desafección de la ciudadanía hacia la política y los representantes políticos.  Que los líderes mundiales no sean capaces de cumplir con los compromisos asumidos, alimenta esta distancia, cada día mayor.

Zedillo apuntó, como otra de las consecuencias del desfase entre la globalización económica y la falta de respuestas políticas globales, la incapacidad de los gobiernos de crear una nueva relación con los ciudadanos, de pactar nuevos acuerdos, adaptando el sistema democrático a la toma de decisiones internacionales. De hacer política y ciudadanos cosmopolitas.

Es la política, sí, siempre es la política.

Ecuador: ¿cohesión social versus democracia?

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Mañana, 17 de febrero, los ecuatorianos votarán para elegir Presidente para los próximos cuatro años. Hay pocas dudas, según todos los análisis y los datos que arrojan las encuestas, de que Rafael Correa, en el cargo desde noviembre de 2006 (reelegido en 2009), logre de nuevo el apoyo mayoritario. Su popularidad roza el 80%. Falta saber si su victoria se producirá en primera o en segunda vuelta. Se cifra en un 30% el número de indecisos.

Entre los factores que explican las buenas perspectivas de Rafael Correa destaca la notable reducción de la brecha de desigualdad social que se ha venido produciendo durante sus ocho años de gobierno. La tasa de pobreza extrema ha disminuido significativamente de un 40% en 2001 a un 16,5% en 2010. Aunque en las zonas rurales (donde vive un 38% de la población), todavía el 40% vive en condiciones de pobreza.

El desempleo se ha reducido al nivel más bajo de la historia del país, y se cifra en torno al 5%. El alto precio del petróleo, la principal fuente de ingresos del país, ha permitido mantener una fuerte inversión social y en infraestructuras. Esta agenda social ha sido una constante del gobierno de Correa. En los primeros cien días de su primer gobierno, Rafael Correa dobló las ayudas a las familias más pobres y aumentó los subsidios en materia de vivienda, electricidad, y gas, entre otros. El Bono de Desarrollo Humano, que reciben casi 2 millones de personas (en un país de 14 millones aproximadamente) se ha incrementado en los últimos meses de 35 a 50 dólares USA. El salario básico se ha incrementando recientemente de 292 a 318 dólares USA, así como el Bono Vivienda, que se aumentó de 5000 a 6000 dólares para adquirir una vivienda de hasta 15000 dólares.

Rafael Correa llegó a la presidencia de la República en un momento en el que la brecha entre la sociedad civil y los partidos políticos, la desconfianza y el desprestigio de las instituciones, y el hartazgo de la población frente a un Estado incapaz de dar respuestas a los problemas del país no hacían más que profundizarse. Ocho Presidentes en apenas una década. Una profunda crisis de gobernabilidad, un modelo político, social y económico agotados, amplios sectores de la población en situación de exclusión social y de pobreza o pobreza extrema, y una democracia débil componían el escenario en el que Rafael Correa, en una campaña electoral ascendente, recibió el apoyo mayoritario en noviembre de 2006.

Con un mensaje populista de rechazo a la élite política tradicional, de cambio del modelo político e institucional (de “refundación” del Estado), y de inclusión social y económica, Rafael Correa ganó las elecciones de forma inesperada, tras una campaña en la que los pronósticos iniciales apuntaban a una disputa en segunda vuelta entre el candidato del centro-izquierda León Roldós, y el populista de derechas Álvaro Noboa, el empresario bananero más rico del país (candidato, de nuevo, en las elecciones de mañana).

Ser un político sin partido le supuso a Correa una excelente baza electoral. Recogió, junto con un voto ávido de cambio, el voto de rechazo hacia la clase política tradicional, corrupta e inoperante. Correa se identificó como el “candidato del pueblo” frente a los candidatos de las élites. Ser un outsider fue su gran carta de presentación.

Tras ocho años de mandato, el principal eje de su campaña electoral y elemento movilizador ha sido, de nuevo, el rechazo a la clase política, la “partidocracia”, a pesar de que la mayoría de los partidos y actores políticos tradicionales han desaparecido de la escena política. Conseguir una amplia mayoría en la Asamblea Legislativa que le permita actuar sin contrapesos, su objetivo fundamental.

La importante agenda social del Presidente Correa no ha venido acompañada de cuidados a la maltrecha democracia ecuatoriana. La institucionalidad no sólo no se ha fortalecido, sino que se ha debilitado desde dentro. Los espacios de pluralidad política se han venido achicando en el país a lo largo de estos ocho años. La concentración de poder en el Presidente – que muchos denominan “hiperpresidencialismo”-; las amplias mayorías de Alianza País –el partido oficial- tanto en la Asamblea Constituyente que elaboró la nueva Constitución de 2008, como en la Asamblea Legislativa; la falta de diálogo y el hostigamiento a la oposición; los continuos ataques a los medios de comunicación críticos con el gobierno; y una relación de enfrentamiento con las ONGS lo ilustran. La polarización social, alentada y alimentada por el gobierno, es notable.

Aunque el Presidente Correa disfruta de una popularidad que ronda el 80%, ha ido perdiendo, progresivamente, apoyos de importantes sectores sociales que le acompañaron en sus inicios: los movimientos indígenas, los movimientos sociales, los académicos e intelectuales críticos con la antigua clase política. El Referéndum de mayo de 2011 (con el que se introdujeron controles al poder judicial y a los medios de comunicación) que Correa ganó por un estrecho margen, visibilizó está pérdida de apoyos a su proyecto político de “Revolución Ciudadana”.

La agenda de desarrollo y de inclusión social impulsada por el Presidente Correa ha logrado importantes avances en términos de reducción de la pobreza extrema y de la pobreza, disminuyendo la brecha social en el país. Sin embargo, el debilitamiento de la pluralidad democrática, y por tanto de la democracia, son evidentes.Así también ha sucedido en otros países de la región, pero también hay ejemplos, como Brasil, en los que el fortalecimiento democrático y una agenda de inclusión social son términos de una ecuación de éxito.

Aglutinar a la sociedad en torno a un proyecto político, sumar voluntades para impulsar la cohesión social y el progreso de una mayoría de la sociedad, cultivar el diálogo con la oposición, garantizar la máxima pluralidad de los medios de comunicación, y la separación de poderes son elementos esenciales de una democracia fuerte y sana. Sería muy deseable que Ecuador, que ha logrado notables avances en términos sociales, aprovechara estos próximos cuatro años para, sin abandonar una agenda de inclusión social que ha llegado para quedarse, recorrer también el camino del fortalecimiento democrático.

Pacto por México: luces y sombras

 

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El acuerdo suscrito por el Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, con los líderes del PRI, del PAN y del PRD, principales fuerzas políticas mexicanas,  bajo el nombre de Pacto por México, es una buena noticia.

En primer lugar, despeja en parte la incertidumbre sobre la etapa que ahora se abre en el país, tras la vuelta del PRI a la presidencia de la República, sobre si este regreso representaría un retroceso democrático. El Pacto es, en buena medida, una muestra de madurez de la transición democrática mexicana.

Durante años (al menos durante los sexenios de los Presidentes Fox y Calderón) se ha señalado la necesidad de aglutinar un consenso político amplio que permitiera sacar adelante las reformas imprescindibles que el país necesita  para avanzar en su desarrollo económico y social. Asimismo, se ha dado acuerdo sobre cuáles son esas reformas clave: educativa, fiscal, energética, entre otras. Ese consenso que se ha venido reclamando como imprescindible parece, por fin, haberse logrado.

Habrá que ver si el Pacto se traducirá en decisiones ejecutivas y en medidas transformadoras de una realidad compleja y diversa, reflejo del país que es México. Habrá que esperar para saber si la buena noticia trasciende una mera imagen de unidad –sin duda nueva en el país- y un conjunto de buenas intenciones.

El hecho de que el Pacto se firmara en el primer día hábil de la presidencia de Peña Nieto, el 2 de diciembre, es también una señal positiva de la voluntad de ponerse manos a la obra cuanto antes. Como también sucede en su vecino Estados Unidos, las decisiones complejas y de calado se han de tomar en la primera mitad del mandato, cuanto antes, aprovechando el “momentum” y la energía con que se aborda una nueva presidencia. Algunos analistas señalan que se han de tomar en el primer año de su presidencia.

El Pacto incluye cinco puntos para transformar el país en una sociedad de derechos y libertad; impulsar el crecimiento económico, el empleo y la competitividad; garantizar seguridad, justicia y transparencia; la rendición de cuentas y el combate a la corrupción; y la gobernabilidad democrática.

A través de casi 100 compromisos, contempla reformas en materia educativa, pensiones para desempleados y jubilados, la universalidad del sistema de salud pública, medidas para combatir la pobreza, la defensa de los derechos humanos, el fomento de la competencia y el acceso a las telecomunicaciones, la reforma bancaria y fiscal, la conversión de la petrolera estatal Pemex en una empresa productiva, la creación de la Gendarmería Nacional, la unificación de códigos penales, la puesta en marcha de la Comisión Anticorrupción, una reforma electoral que limite los gastos de campaña y permita forjar gobiernos de coalición, o un nuevo estatus jurídico para el Distrito Federal.

El Pacto es ambicioso en algunos puntos, y más modesto en otros. Algunos analistas han expresado ya su decepción ante la reforma energética, que consideran ineficaz al mantener la propiedad estatal de Pemex. Otros expresan serias dudas sobre los necesarios recursos económicos para implementar estas medidas. ¿De dónde saldrá el dinero? La fiscalidad mexicana está entre las más bajas de la región latinoamericana, si descontamos los ingresos del petróleo.

Sin embargo, lo que es evidente es que el Pacto es un punto de partida. Sin él, el Presidente Peña Nieto, en minoría en el Congreso y el Senado, lo tendría muy difícil, casi imposible, para sacar adelante cualquier reforma. Con el apoyo de la oposición, existe una oportunidad. La voluntad de sus firmantes dirá si las esperanzas están fundadas.

De lograrse todos o algunos de estos cambios, México daría un gran paso modernizador, lo que  supondría mejores y mayores ingresos procedentes de sus recursos naturales, y por tanto mayor riqueza y posibilidad de redistribuir; reducción de la enorme brecha de desigualdad; inversión en capital humano; una fiscalidad que posibilite políticas públicas sostenibles. En definitiva, México cambiaría su cara, que ahora refleja un país de 112 millones de habitantes en el que el 44% vive en la pobreza, casi el 34% en pobreza moderada y el 10.5% en pobreza extrema; un país en el que, a pesar de los avances que se han producido en los últimos años a través de programas exitosos como Oportunidades, la distancia entre el Índice de Desarrollo Humano entre Estados y/o municipios es inmensa (Nuevo León o el Distrito Federal, con un Índice alto, frente a Chiapas, u Oaxaca, con Índices muy bajos). Un país en el que, según la OCDE, el 10% más rico tiene salarios 26 veces superiores al 10% más pobre, un gap de entre los mayores del mundo; un país en el que el 25% de los niños y niñas, según UNICEF, vive en condiciones de pobreza alimentaria.

Que tenga o no éxito el acuerdo, esto es, que logre cumplir los objetivos que se ha marcado, es difícil de predecir, y es aún demasiado pronto para aventurar qué recorrido tendrá. Pero si se logra, México estará poniendo las bases para convertirse en un país más justo, más próspero, y con mayor presencia en la región y en el mundo.

Colombia:¿la paz al final del túnel?

El pasado 19 de noviembre, después de varios meses de negociaciones secretas entre el gobierno colombiano y las FARC, comenzaron en La Habana las conversaciones formales para poner fin a un conflicto que dura ya casi 50 años, y que ha producido tanto sufrimiento al pueblo colombiano. Por primera vez, existen posibilidades reales de que las conversaciones culminen con éxito, es decir, que se ponga fin al conflicto armado, y pueda consolidarse la paz, que no es sólo el fin de la violencia, sino apenas el principio sobre el que construirla.

Se trata de la tercera negociación (tras los procesos fallidos durante las presidencias de Belisario Betancur, en 1984; y Andrés Pastrana, entre diciembre de 1999 y 2002, las llamadas “conversaciones de paz del Cagúan”) entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.

Una suma de factores hace a este proceso diferente, permitiendo un moderado optimismo sobre su resultado. Sin duda las FARC llegan a esta negociación más débiles, diezmadas por la actuación del ejército colombiano durante los últimos años, tras perder a buena parte de sus líderes históricos, y control territorial. Frente a los casi 20.000 efectivos armados con que contaban hace más de una década, hoy éstos se cifran entre 8.000 y 10.000 (más otros 9.000, que se dedicarían a labores logísticas y de inteligencia). Las FARC han decretado, hasta el 20 de enero de 2013, un alto el fuego unilateral. El Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha señalado que el Estado no se sumará a un alto el fuego hasta “tener un acuerdo definitivo que permita terminar con el conflicto”.

El “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, negociado en secreto durante 6 meses y suscrito a finales de agosto en La Habana por el gobierno colombiano y las FARC, representa una base sólida sobre la que trabajar. Establece 6 puntos, incluidos los asuntos relativos a la política agraria, la participación política, la resolución del problema de las drogas, el abandono de las armas, y la reparación a las víctimas. La voluntad y el planteamiento del Presidente Santos han generado un clima propicio para la negociación (frente a la posición del anterior Presidente, Alvaro Uribe, que se ha mostrado muy crítico con el proceso y ha expresado su rechazo sin matices).

Hay, ciertamente, fatiga del conflicto armado y una sociedad colombiana que ha reclamado de manera cada vez más articulada e intensa el fin de la violencia en el país.

Hay muchas cuestiones a resolver, y el fin de la violencia apenas es el principio. El Informe What if the FARC demobilizes? de Enzo Nussio y Kimberly Howe plantea algunas de las preguntas clave, ofreciendo respuestas alternativas, a la luz de las dificultades y de la experiencia del proceso de desmovilización de los paramilitares de las AUC: ¿qué ocurrirá con las armas? ¿se reintegrarán los miembros de las FARC al ámbito laboral?¿participarán en política? ¿cuál será su relación con el narcotráfico? ¿se reintegrarán en bandas criminales –como ha ocurrido con paramilitares desmovilizados-?. Grandes interrogantes, pues se trata de un proceso -el desarme, la desmovilizacion y la reintegración- extraordinariamente complejo. Pero no imposible. Como elemento más positivo en el marco de las innumerables dificultades, instituciones como la Agencia Colombiana para la Reintegración pueden contribuir a generar confianza institucional, haciendo a su vez un aporte esencial a la consolidación de la paz, que requiere de instituciones fuertes, confiables y eficaces.

El deseo de paz del pueblo colombiano, tras casi medio siglo de sufrimiento, es inmenso. La responsabilidad con la ciudadanía y el futuro del país ha llevado al gobierno colombiano a iniciar este proceso, que las FARC han aceptado recorrer. Confiemos en que los negociadores sean capaces, esta vez sí, de traducir este justo anhelo en una realidad. Colombia lo merece.