El acuerdo suscrito por el Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, con los líderes del PRI, del PAN y del PRD, principales fuerzas políticas mexicanas, bajo el nombre de Pacto por México, es una buena noticia.
En primer lugar, despeja en parte la incertidumbre sobre la etapa que ahora se abre en el país, tras la vuelta del PRI a la presidencia de la República, sobre si este regreso representaría un retroceso democrático. El Pacto es, en buena medida, una muestra de madurez de la transición democrática mexicana.
Durante años (al menos durante los sexenios de los Presidentes Fox y Calderón) se ha señalado la necesidad de aglutinar un consenso político amplio que permitiera sacar adelante las reformas imprescindibles que el país necesita para avanzar en su desarrollo económico y social. Asimismo, se ha dado acuerdo sobre cuáles son esas reformas clave: educativa, fiscal, energética, entre otras. Ese consenso que se ha venido reclamando como imprescindible parece, por fin, haberse logrado.
Habrá que ver si el Pacto se traducirá en decisiones ejecutivas y en medidas transformadoras de una realidad compleja y diversa, reflejo del país que es México. Habrá que esperar para saber si la buena noticia trasciende una mera imagen de unidad –sin duda nueva en el país- y un conjunto de buenas intenciones.
El hecho de que el Pacto se firmara en el primer día hábil de la presidencia de Peña Nieto, el 2 de diciembre, es también una señal positiva de la voluntad de ponerse manos a la obra cuanto antes. Como también sucede en su vecino Estados Unidos, las decisiones complejas y de calado se han de tomar en la primera mitad del mandato, cuanto antes, aprovechando el “momentum” y la energía con que se aborda una nueva presidencia. Algunos analistas señalan que se han de tomar en el primer año de su presidencia.
El Pacto incluye cinco puntos para transformar el país en una sociedad de derechos y libertad; impulsar el crecimiento económico, el empleo y la competitividad; garantizar seguridad, justicia y transparencia; la rendición de cuentas y el combate a la corrupción; y la gobernabilidad democrática.
A través de casi 100 compromisos, contempla reformas en materia educativa, pensiones para desempleados y jubilados, la universalidad del sistema de salud pública, medidas para combatir la pobreza, la defensa de los derechos humanos, el fomento de la competencia y el acceso a las telecomunicaciones, la reforma bancaria y fiscal, la conversión de la petrolera estatal Pemex en una empresa productiva, la creación de la Gendarmería Nacional, la unificación de códigos penales, la puesta en marcha de la Comisión Anticorrupción, una reforma electoral que limite los gastos de campaña y permita forjar gobiernos de coalición, o un nuevo estatus jurídico para el Distrito Federal.
El Pacto es ambicioso en algunos puntos, y más modesto en otros. Algunos analistas han expresado ya su decepción ante la reforma energética, que consideran ineficaz al mantener la propiedad estatal de Pemex. Otros expresan serias dudas sobre los necesarios recursos económicos para implementar estas medidas. ¿De dónde saldrá el dinero? La fiscalidad mexicana está entre las más bajas de la región latinoamericana, si descontamos los ingresos del petróleo.
Sin embargo, lo que es evidente es que el Pacto es un punto de partida. Sin él, el Presidente Peña Nieto, en minoría en el Congreso y el Senado, lo tendría muy difícil, casi imposible, para sacar adelante cualquier reforma. Con el apoyo de la oposición, existe una oportunidad. La voluntad de sus firmantes dirá si las esperanzas están fundadas.
De lograrse todos o algunos de estos cambios, México daría un gran paso modernizador, lo que supondría mejores y mayores ingresos procedentes de sus recursos naturales, y por tanto mayor riqueza y posibilidad de redistribuir; reducción de la enorme brecha de desigualdad; inversión en capital humano; una fiscalidad que posibilite políticas públicas sostenibles. En definitiva, México cambiaría su cara, que ahora refleja un país de 112 millones de habitantes en el que el 44% vive en la pobreza, casi el 34% en pobreza moderada y el 10.5% en pobreza extrema; un país en el que, a pesar de los avances que se han producido en los últimos años a través de programas exitosos como Oportunidades, la distancia entre el Índice de Desarrollo Humano entre Estados y/o municipios es inmensa (Nuevo León o el Distrito Federal, con un Índice alto, frente a Chiapas, u Oaxaca, con Índices muy bajos). Un país en el que, según la OCDE, el 10% más rico tiene salarios 26 veces superiores al 10% más pobre, un gap de entre los mayores del mundo; un país en el que el 25% de los niños y niñas, según UNICEF, vive en condiciones de pobreza alimentaria.
Que tenga o no éxito el acuerdo, esto es, que logre cumplir los objetivos que se ha marcado, es difícil de predecir, y es aún demasiado pronto para aventurar qué recorrido tendrá. Pero si se logra, México estará poniendo las bases para convertirse en un país más justo, más próspero, y con mayor presencia en la región y en el mundo.
Maria Solanas 