El pasado 19 de noviembre, después de varios meses de negociaciones secretas entre el gobierno colombiano y las FARC, comenzaron en La Habana las conversaciones formales para poner fin a un conflicto que dura ya casi 50 años, y que ha producido tanto sufrimiento al pueblo colombiano. Por primera vez, existen posibilidades reales de que las conversaciones culminen con éxito, es decir, que se ponga fin al conflicto armado, y pueda consolidarse la paz, que no es sólo el fin de la violencia, sino apenas el principio sobre el que construirla.
Se trata de la tercera negociación (tras los procesos fallidos durante las presidencias de Belisario Betancur, en 1984; y Andrés Pastrana, entre diciembre de 1999 y 2002, las llamadas “conversaciones de paz del Cagúan”) entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.
Una suma de factores hace a este proceso diferente, permitiendo un moderado optimismo sobre su resultado. Sin duda las FARC llegan a esta negociación más débiles, diezmadas por la actuación del ejército colombiano durante los últimos años, tras perder a buena parte de sus líderes históricos, y control territorial. Frente a los casi 20.000 efectivos armados con que contaban hace más de una década, hoy éstos se cifran entre 8.000 y 10.000 (más otros 9.000, que se dedicarían a labores logísticas y de inteligencia). Las FARC han decretado, hasta el 20 de enero de 2013, un alto el fuego unilateral. El Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha señalado que el Estado no se sumará a un alto el fuego hasta “tener un acuerdo definitivo que permita terminar con el conflicto”.
El “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, negociado en secreto durante 6 meses y suscrito a finales de agosto en La Habana por el gobierno colombiano y las FARC, representa una base sólida sobre la que trabajar. Establece 6 puntos, incluidos los asuntos relativos a la política agraria, la participación política, la resolución del problema de las drogas, el abandono de las armas, y la reparación a las víctimas. La voluntad y el planteamiento del Presidente Santos han generado un clima propicio para la negociación (frente a la posición del anterior Presidente, Alvaro Uribe, que se ha mostrado muy crítico con el proceso y ha expresado su rechazo sin matices).
Hay, ciertamente, fatiga del conflicto armado y una sociedad colombiana que ha reclamado de manera cada vez más articulada e intensa el fin de la violencia en el país.
Hay muchas cuestiones a resolver, y el fin de la violencia apenas es el principio. El Informe What if the FARC demobilizes? de Enzo Nussio y Kimberly Howe plantea algunas de las preguntas clave, ofreciendo respuestas alternativas, a la luz de las dificultades y de la experiencia del proceso de desmovilización de los paramilitares de las AUC: ¿qué ocurrirá con las armas? ¿se reintegrarán los miembros de las FARC al ámbito laboral?¿participarán en política? ¿cuál será su relación con el narcotráfico? ¿se reintegrarán en bandas criminales –como ha ocurrido con paramilitares desmovilizados-?. Grandes interrogantes, pues se trata de un proceso -el desarme, la desmovilizacion y la reintegración- extraordinariamente complejo. Pero no imposible. Como elemento más positivo en el marco de las innumerables dificultades, instituciones como la Agencia Colombiana para la Reintegración pueden contribuir a generar confianza institucional, haciendo a su vez un aporte esencial a la consolidación de la paz, que requiere de instituciones fuertes, confiables y eficaces.
El deseo de paz del pueblo colombiano, tras casi medio siglo de sufrimiento, es inmenso. La responsabilidad con la ciudadanía y el futuro del país ha llevado al gobierno colombiano a iniciar este proceso, que las FARC han aceptado recorrer. Confiemos en que los negociadores sean capaces, esta vez sí, de traducir este justo anhelo en una realidad. Colombia lo merece.
Maria Solanas 